¿Es posible que un fenómeno como el del crímen organizado pueda adquirir la magnitud que ha alcanzado y los niveles de control que tiene en los diferentes estados sin contar con la omisión y/o complicidad de las autoridades?
Nayarit era, hasta hace algunos años un estado tranquilo que veía con asombro las noticias sobre otras entidades de la República y las luchas entre los cárteles del narcotráfico por controlar las “plazas” de esos estados. Hoy los nayaritas hemos pasado del asombro y la extrañeza de ver sólo las noticias al terror y la zozobra de vivir en medio de un fuego cruzado que parece no tener fin.
Es común que se culpe al presidente de la República Felipe Calderón de ésta situación, pero… ¿es correcto? Durante muchas décadas, los gobiernos priístas parecían ignorar por completo el problema que representa el narcotráfico, generando un clima de aparente “tranquilidad social”, que sólo era un disfraz, una postura cómoda en donde los gobiernos federales prefirieron solapar y omitir, hacerse cómplices en lugar de combatir con toda la fuerza del estado al crímen organizado. Si así se hubiera hecho, los cárteles de la droga no tendrían el poder del que ahora gozan.
El hecho de que se recrudezca la lucha contra los distintos capos y cárteles del narco, es una clara señal de que esa complicidad que antes fuera regla de oro, no existe ya, por lo menos en el gobierno que encabeza el presidente Calderón. Sin embargo ¿podemos decir lo mismo del gobierno de Nayarit?
La prestigiada revista proceso en su edición especial No. 24, “El México Narco primera parte” habla de cómo en el año 2003, en Sonora, el cártel de los Beltrán Leyva apoyó al entonces candidato priísta al gobierno de ese estado, Eduardo Bours Castelo. Este, cuando asume la titularidad del ejecutivo estatal ayudó a los hermanos Arturo, Héctor y Mario Beltrán Leyva para que junto con el grupo de “los zetas” y la colaboración de policías locales, desplazaran al cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera “El chapo”.
Los síntomas de descomposición parecen ser los mismos. En 2005, era una constante escuchar que “si Ney llega a gobernador, esto se va a llenar de mañosos”. Refiriéndose a Ney González, en ese entonces candidato priísta al gobierno de Nayarit, que accedió al cargo con serios cuestionamientos de ilegitimidad. Dicen que “cuando el río suena, es porque agua lleva”, ¿será?
No sería la primera vez que existen señalamientos de ésta naturaleza contra un gobernador, recientemente el ex candidato opositor al gobierno de Durango, José Rosas Aispuro, denunció públicamente (proceso No. 1761) que el gobernador en funciones de ese estado, Ismael Hernández Deras “había vendido la plaza a varios grupos delictivos, el cártel de Sinaloa, al cártel del golfo y al grupo de “los zetas… ¿suenan familiares esas acusaciones?. Incluso, hay una acusación similar sobre un gobernador nayarita. En un escrito tomado de la colección “Conversaciones privadas” del periodista Jesús Blancornelas, se narra la forma de operar en la región de Ramón Laija Serrano alias “El colo”, ayudante de el “güero palma”, en medio de la narrativa de un testigo protegido a quien llaman “Julio”, se describe cuál era la relación con el gobernante en turno. Julio dice textualmente: “También sé que cuando era gobernador del estado de Nayarit el señor Rigoberto Ochoa Zaragoza, me di cuenta y supe por palabras de Jorge Navarrete que éste gobernador estaba en total complicidad con ellos, para darle protección en el estado y poder recibir cocaína en lanchas rápidas o barcos camaroneros. Inclusive supe que le regalaron varios carros blindados al gobernador y su familia”, concluye “Julio”.
¿Es tan descabellado pensar que el actual gobierno del estado está ligado al crímen organizado? Cuando el actual mandatario asume la gubernatura el 19 de septiembre de 2005, Nayarit ocupaba el segundo lugar nacional en materia de seguridad pública; las cifras nos muestran en la actualidad como el estado de la república donde se registran mayor número de ejecuciones en proporción al número de habitantes que tenemos. Más de 300 ejecuciones relacionadas con el crímen organizado en lo que va de 2010 y apenas superamos el millón de habitantes según el último censo del INEGI.
La sombra de la sospecha recae sobre el gobierno de Ney González desde el principio de su administración. Al conformar su gabinete de seguridad, designó al Lic. Héctor Béjar Fonseca como procurador del estado, aún a sabiendas de que un gran sector de la sociedad nayarita lo relaciona con los hechos violentos ocurridos en la Universidad Autónoma de Nayarit que terminaron con la vida de tres trabajadores de la UAN. “Béjar encabezaba con metralleta en mano a la policía universitaria”, me relata un testigo de ese suceso. Pero aún más llamó la atención la designación de Julio César Jiménez Arcadia, un tipo violento y de negro pasado a quien el gobernador nombró titular de la Policía Estatal Investigadora. De por sí es sorprendente ésta designación tomando en cuenta que Jiménez Arcadia tenía como antecedentes haber asesinado sin justificación a un niño de 14 años en el Distrito Federal, también era ya un desertor del ejército mexicano y posteriormente, durante el sexenio de Antonio Echevarría fue cesado como policía judicial por sus constantes abusos y quejas en su contra en el sentido de su colusión con el narcotráfico. Alguien con la personalidad de Ney González, calculador como es… ¿pasaría por alto éstos antecedentes de manera casual o algún compromiso había entre Jiménez Arcadia y él?
Al poco tiempo de su nombramiento, Jiménez Arcadia nuevamente dio de qué hablar. Los antiguos señalamientos por corrupción, abuso de poder y colaboración con el crímen organizado volvieron a presentarse. Las acusaciones fueron muchas y de todas direcciones, incluso muchas de ellas provenían de los mismos policías estatales, como la que rescata el periódico REALIDADES del 19 de febrero de 2007, en donde un grupo de 7 policías municipales de Ruíz señalan que la venta de droga en el norte del estado, principalmente en Ruíz, Rosamorada y Tuxpan es posible gracias a la colaboración que prestan a los narcotraficantes los mandos de la Policía Estatal Investigadora, en Ruíz con el comandante Humberto Guerra, que “es el encargado de recolectar quincenalmente el dinero de las tienditas y del centro de distribución de drogas para posteriormente entregárselo a su jefe, el titular de la PEI, Julio César Jiménez. Los policías que estaban en huelga de hambre exigiendo el respeto a sus derechos laborales y el cese de esos mandos policiacos que pretendían obligarlos a ser parte de los jales de sus jefes, -dijeron- no tenemos miedo y hacemos éstos señalamientos porque estamos viendo cómo el narcomenudeo regional, protegido por los comandantes y titular de la PEI envenenan a la juventud y la niñez de nuestro municipio”. A principios de septiembre de 2008, cuando Jiménez Arcadia ya había abandonado la Policía Estatal Investigadora, una auditoria del Consejo Nacional de Seguridad Pública descubrió que “el teniente”, -como también era conocido- contaba con un cuantioso patrimonio de dudosa e inexplicable procedencia, según Sergio B. Dávila en el REALIDADES del 2 de Septiembre de 2008. Sólo cuatro meses más tarde, el miércoles 17 de diciembre de ese año, Julio César Jiménez Arcadia fue asesinado, el mismo día y a la misma hora que el gobernador Ney González rendía su tercer informe de gobierno ¿Coincidencia? ¿Acaso “alguien” quería mandar una señal al jefe de Jiménez Arcadia, -quien el vox populi decía que era el mensajero de Ney González con los “jefes de la plaza” que financiaron su campaña en 2005- y lo hizo asesinando en esa fecha a una persona clave para el gobernador?
El 18 de febrero de 2009 murió asesinado Luis Enrique Moreno López, a quien el procurador Héctor Béjar Fonseca, en una de sus “casi milagrosas” investigaciones señaló como autor intelectual y material del asesinato de Jiménez Arcadia, junto con Edgar Delgado Sánchez “el príncipe” y Fabián Gutiérrez alias “el güero”, quienes purgan su condena en el CERESO y reconocieron a Moreno López como la persona que los había contratado para matar al ex funcionario. ¿El móvil del asesinato?: PASIONAL.
La muerte del ex funcionario pudo ser un mensaje del crímen organizado para el gobernador, si damos por ciertos los incontables rumores de que Jiménez Arcadia era el “vínculo” entre los distintos capos de la mafia y Ney González, pero, ¿no podría tratarse acaso de una medida preventiva de “alguien” para callar de manera definitiva a quien sabía “muchas cosas”? Haga usted sus propias conjeturas, después de todo, éstas son simples suposiciones.
No existiría la desconfianza que hoy tenemos los ciudadanos si el gobierno estatal tuviera la sensibilidad y el tino político de aclarar con pruebas que los señalamientos hechos en su contra, de posibles vínculos con el narcotráfico y corrupción en las dependencias encargadas de seguridad, son falsos. Por desgracia, cuando no han salido con la historia más inverosímil que puedan crear, simplemente han callado… y recordemos que “el que calla otorga”. Muy lejos de aportar confianza al ciudadano, el gobierno parece empeñarse en censurarlo. A principios de 2009 circuló un correo electrónico con el título “¿Qué está pasando en Nayarit?: Ney González y los zetas (Beltrán Leyva)”. El correo electrónico contenía una narrativa y fotografías que sugerían que los nexos del político con el crímen organizado eran la razón del clima de inseguridad en el estado. Tal malestar causó ese e- mail en el gobernador que al poco tiempo se reformó el código penal para tratar como “terrorista cibernético” al que enviara por Internet material que acusara al gobernador o a sus funcionarios de posible corrupción, todo con el pretexto de “no desestabilizar a Nayarit, que al cabo… ¡Nayarit está en paz y trabajando!
Para venir a acrecentar las dudas sobre la procuraduría, el 12 de mayo pasado, el reconocido periodista Antonio Tello reportó la anomalía descubierta en esa dependencia, ahora bajo la dirección de Oscar Herrera López. En un enfrentamiento que ocurrió en la colonia Morelos, al comparar un juego de placas (REL 68 47) de uno de los vehículos abandonados en el lugar de los hechos, resulta que correspondía a un vehículo asegurado por la Policía Estatal Investigadora en febrero de 2009, cuando Javier Vázquez era titular de esa dependencia. La pregunta obligada ¿sería posible esto sin la complicidad del gobierno?
Por último, en Agosto pasado el gobernador Ney González dio la nota -como es su costumbre- al decir durante una reunión nacional sobre seguridad pública, que “La guerra contra el crímen organizado la habremos de ganar con amor, con pasión” y además, por acusar a los cuerpos policiacos de Nayarit de no ser confiables y llegar siempre 20 minutos tarde. El diario REALIDADES de 14 de agosto publica una nota de Wilfredo Elenes, en donde los policías nayaritas le reviran valientemente al gobernador diciendo que “si llegamos 20 minutos tarde es porque no nos mandamos solos, nosotros obedecemos ordenes superiores” dijeron.
Ésta pesadilla que parece a veces interminable ha arrebatado la vida de gente inocente, mujeres, hombres y niños, jóvenes que nada tenían qué ver con actividades ilícitas y cuyo único error fue tratar de hacer su vida cotidiana en medio un estado gobernado por el crímen organizado. En junio murió Dorian Arciniega Huerta, un jóven estudiante de arquitectura de 20 años, baleado a plena luz del día por una confusión, ¿Ese es el futuro que tenemos qué esperar los jóvenes? ¿Amanecer con tres cuerpos colgados en la periferia de Tepic y terminar el día con la noticia del brutal asesinato de 2 niñas que no superaban los cinco años de edad?... Ese no es el “Nayarit que todos queremos”, ese no es el Nayarit que yo quiero.
Aparecido en facebook el 3 de noviembre 2010. Autor: ULises A. Rodriguez
