MANIFIESTO AL PUEBLO DE NAYARIT
Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del Gobernador del estado para cobrar el impuesto por reemplacamiento, la tenencia y la verificación vehicular. El argumento para tal acto criminal fue recaudar más recursos para realizar obra pública. Ante este atraco a la ciudadanía, RECHAZAMOS el pago de estos impuestos bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. Los Nayaritas padecemos el desempleo, aumentos de precios en bienes básicos como las tortillas, incrementos en el precio de las gasolinas y el diesel, más IVA y ahora reemplacamiento y verificación vehicular.
Segunda. Mientras en otros estados del país el reemplacamiento se realiza cada diez años, en Nayarit se pretende hacerlo a los dos años.
Tercera. La mentira y el engaño no pueden ser la base de las decisiones de gobierno. Resulta inaceptable justificar la necesidad de más recursos para obra pública, sobre la base de dañar aún más al pueblo, cuando el despilfarro del erario público es lo que distingue a este gobierno. No existe coincidencia entre el discurso oficial y la crítica como severa realidad que padecemos los Nayaritas.
Cuarta. Más impuestos significan perjudicar la economía familiar y empresarial. Somos el estado de la República que más impuestos paga como para aceptar la imposición de más carga fiscal.
Quinta. El costo de publicitar la imagen del Gobernador a nivel nacional, durante la semana de su cuarto informe, supera el monto a pagar por reemplacamiento y tenencia vehicular juntos. ¿Es verdad entonces la falta de recursos para realizar obra pública?
Sexta. Mantener en el gobierno una nómina abultada, salarios excesivos y costosos privilegios, contrastan escandalosamente con la miseria generalizada de la población, y por lo tanto representan un insulto al pueblo de Nayarit.
Por las anteriores consideraciones, los que suscribimos el presente documento hacemos público el siguiente
MANIFIESTO
Primero. Rechazamos categóricamente el cobro por reemplacamiento y verificación vehicular que el gobierno pretende cobrar a la población.
Segundo. Convocamos a todos los ciudadanos de buena fe que no estén de acuerdo con esta medida a ampararse contra la decisión del cobro.
Tercero. El Congreso del Estado, debe asumir su responsabilidad de construir y aprobar leyes que vayan de acuerdo con los intereses y realidad que vive nuestro pueblo. Por tanto, exigimos que hagan valer el principio de independencia y separación de poderes y no se sometan a las imposiciones del gobernador.
Cuarto. Los recursos públicos deben ser usados para mejorar la calidad de vida de la población y no en programas limosneros, en obras de relumbrón y en culto a la personalidad del gobernante.
Quinto. Exigimos que se ponga freno a la deuda pública estatal y se modifiquen las leyes para que se establezcan topes al endeudamiento. Somos el estado con mayor deuda pública por habitante. La actual deuda de casi dos mil millones de pesos la tendremos que pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos en el transcurso de los siguientes treinta años.
Sexta. Estamos de acuerdo en que el gobierno deba tener recursos para realizar obra pública, pero eso se debe corresponder con el ejercicio racional del gasto y no con la imposición de nuevas cargas fiscales en perjuicio de la población. Gastando bien se gasta menos. Así, en lugar de enviar iniciativas que dañan más el presupuesto familiar, se pueden enviar iniciativas para reducir salarios y privilegios de la clase gobernante.
El Movimiento Ciudadano defiende, entre otras cosas, una política gubernamental que genere crecimiento económico y empleo y no promueva lo banal, lo trivial y la vanidad de los gobernantes, una política que favorezca lo productivo y no lo especulativo, una política fiscal redistributiva que mejore la calidad de vida de la población y una política social que trascienda el asistencialismo.
¡Los Nayaritas no tenemos porqué vivir de limosnas! Queremos estabilidad política y paz social, tenemos que empezar a ser, en todos sentidos, más justos.
ATENTAMENTE
MOVIMIENTO CIUDADANO CONTRA LA INJUSTICIA
Tepic, Nayarit, enero 2010